Mediante un comunicado de prensa, la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) reclama al Gobierno la supresión del copago farmaceútico por el impacto tan negativo que tiene sobre las pensiones que reciben enfermos, mayores y parados
La Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha elaborado una estimación del impacto que supone para los pensionistas el copago farmacéutico implantado por el Gobierno del Partido Popular en 2012. La cantidad estimada es de 120 euros por pensionista y año, algo que no compensa de ninguna manera las revaloraciones del 0,25% de las pensiones que el Ejecutivo está aplicando cada ejercicio.
La AAJM recuerda que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, señaló que en 2018 se mantendría la revalorización de las pensiones con el aumento de un 0,25%. Ese aumento supone para una pensión de 1.000 € mensuales, 2,5 € al mes. Por 14 pagas, 35 € al año. El gasto que tienen que hacer los pensionistas en copagos y medicamentos desfinanciados por la reforma del Gobierno, el RDL 16/2012, supone 120 € al año a cada pensionista, más de tres veces dicha revalorización.
Impacto de la des-financiación de medicamentos
¿Cuál ha sido el impacto en los bolsillos de los pensionistas de los medicamentos a los que se quitó la financiación pública en la reforma del Gobierno? La estimación, a partir de las medicinas desfinanciadas, los envases vendidos y el importe por envase, es de 257 millones € en 2012.
Según la AAJM, los laboratorios han llevado a cabo importantes subidas de los precios. De un precio medio por envase de 4,92€ se ha pasado a un precio medio por envase de 8,61€ en 2017, con una ‘revalorización’ del 75%. Como consecuencia, el gasto que han tenido que abonar los pensionistas por medicamentos desfinanciados ha sido de 451 millones € en 2017.
En 2012, la entonces consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, advirtió que se “vigilara con mucho detenimiento” que después de la desfinanciación, el precio de esos 450 fármacos no se incrementara ya que eso provocaría “un doble perjuicio”; por una parte, “el de no pagar el Estado la parte correspondiente” y, por otra “una mayor repercusión en el bolsillo de los ciudadanos”, que podrían ver cómo “un medicamento que hoy vale un euro puede llegar a tener un precio ilimitado”.
Impacto de los copagos en medicamentos financiados
La AAJM afirma que, además de lo que tienen que pagar los pensionistas por los medicamentos que ya no cubre la sanidad pública, se decidió también que pagarían un porcentaje por cada medicamento financiado y recetado en la sanidad pública.
Los copagos de medicamentos para pensionistas fijados se establecieron en base a:
- Unos ingresos inferiores a 18.000 € año: 8,23 € máximo al mes; 98,76 € máximo año.
- Unos ingresos entre 18.000 y 100.000 €: 18,52€ máximo al mes; 222,24€ máximo año.
La estimación del gasto que han soportado los bolsillos de los 8.698.160 pensionistas y sus beneficiarios en copagos, a partir de los datos de las CCAA, asciende a 592 millones € en 2017.
Devaluación real de las pensiones
Sumando la desfinanciación y los copagos, el total de aumento de gasto de bolsillo en medicamentos que tienen que hacer los pensionistas como consecuencia del RD 16/2012, asciende a 1.043 millones € anuales según la AAJM. Esta entidad cree que la gran mayoría de los pacientes toman los medicamentos que les recetan sus médicos y sostiene que, para evitar que se prescriban medicamentos innecesarios, se debe evitar la presión de la industria sobre los médicos y mejorar la formación y la educación sanitaria.
Desde la AAJM defienden una sanidad pública cuya financiación debe ser a través de impuestos. Además añaden que los precios abusivos de los medicamentos, que suponen un gasto añadido, por encima de los costes reales de investigación y fabricación, de 9.000 millones € al año que van a los bolsillos de los altos ejecutivos de las compañías farmacéuticas y los fondos de inversión. Afirman que los copagos son injustos, porque penalizan al más débil, a la persona enferma, a la persona mayor.
Según esta entidad, dos millones de personas no pudieron comprar las medicinas que les recetaron en la sanidad pública en 2016, según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad. Por eso, piden que se supriman los copagos y se reduzca drásticamente el precio de los medicamentos. De esa forma, se evitaría el castigo a los pensionistas y se podrían ahorrar más de 9.000 millones de euros anuales al SNS.